Un juez federal argentino solicitó el lunes la detención de la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández tras la procesarla por liderar una red de corrupción integrada por exfuncionarios y empresarios que habrían pagado sobornos para obtener contratos de obras públicas. Pero Fernández goza de fuero como legisladora.
Fernández, que juró como senadora en 2017 para ocupar su banca por seis años, puede ser investigada, procesada y juzgada pero no detenida mientras goce de fueros parlamentarios, que le garantizan inmunidad de arresto. El desafuero supondría la suspensión de la inmunidad parlamentaria sin que ello suponga la expulsión de la Cámara.
La solicitud de desafuero debe ser girada de manera inmediata a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que deberá emitir un dictamen en un plazo de 60 días. La cámara alta deberá tratar el asunto dentro de los 180 días de ingresado, aun cuando no exista dictamen de comisión.
SEGÚN LA CONSTITUCIÓN
Fernández solo puede perder la inmunidad de arresto si dos tercios de los integrantes del Senado -de 72 miembros- aprueban su desafuero.
En la actualidad, el oficialismo no goza de mayoría en la cámara alta y necesita el apoyo de parte de la oposición, sobre todo del peronismo, algunos de cuyos dirigentes han adelantado que no darán su respaldo al desafuero mientras no haya una condena judicial firme contra la exmandataria (2007-2015).
El mismo juez federal, Claudio Bonadío, solicitó al Senado el desafuero con fines de detención de Fernández en diciembre de 2017 en una causa en la que está acusada de haber encubierto a los iraníes imputados por el atentado contra un centro judío en Buenos Aires en 1994. El pedido no ha sido tratado por los legisladores.
